Convocatoria para la Convención de Lisboa
Los cortes en las más básicas funciones sociales del Estado han sido justificados con la necesidad de financiar el pago de la deuda pública. Las medidas de austeridad afectan la vida de las personas, que sienten día a día los efectos del empobrecimiento y de la degradación de las condiciones de acceso a la salud, educación, habitación, trabajo, justicia, cultura y a todos los demás pilares de la democracia.
Conocer la deuda pública es, no solo un derecho, como también una etapa esencial para delinear estrategias de futuro para el país. Porque ni siempre todas las partes de una deuda corresponden efectivamente a compromisos del Estado y ni siempre estos son legítimos. En una auditoría a la deuda, se verifican los compromisos asumidos por un deudor, teniendo en cuenta su origen, legitimidad, legalidad y sustentabilidad. Una auditoría a la deuda pública hace ese análisis relativamente a los compromisos del sector público ante acreedores dentro y fuera del país, incluyendo la deuda privada garantizada por el Estado.
En el inicio de la intervención de la troika, la deuda pública portuguesa había ultrapasado los 90% de la riqueza anual producida en el país (PIB). En 2013, cuando se supone que esta intervención termine, la deuda será de más de 106% del PIB de ese año. Entretanto la producción de riqueza habrá retrocedido para valores de hace casi una década y el desempleo se situará mas allá de dos 13%. Estas son las previsiones del propio gobierno. La realidad podrá ser peor. Mucho dependerá de la evolución de la situación en Europa y en el resto del Mundo.
La incapacidad de los líderes europeos, demostrada por el deterioro de la situación en Grecia, podrá colocar en riesgo el Euro y el propio proyecto de integración europea. La insistencia por la vía de la austeridad, sabemos hoy, está precipitando una nueva recesión a escala global.
En el final de la intervención de la troika, Portugal tendrá una deuda pública mayor y estará más pobre. Por el camino habrá quedado un rastro de destrucción y regresión social: servicios públicos desmantelados, sector público productivo reducido a nada, desempleo y compresión de los salarios, familias en bancarrota. Se reconocerá entonces que la deuda pública es insoportable y que los sacrificios fueron inútiles, habiendo servido apenas para agravar los problemas que prometían resolver, llevando el país a una caída sin fin a la vista.
Consideramos que es posible, urgente y esencial evitar este escenario. Así, el problema de la deuda debe ser encarado desde un punto de vista realista, compatible con la salvaguardia de los valores y derechos humanos fundamentales universalmente
reconocidos.
Es necesario reconocer y hacer reconocer que la deuda pública es apenas uno de los múltiples compromisos del Estado portugués. Además de sus obligaciones contractuales junto de los acreedores, el Estado tiene deberes inalienables para con todos los ciudadanos, ya sea de las generaciones presentes o futuras. El Estado portugués tiene que garantizar los derechos sociales fundamentales consagrados en la Constitución y en el derecho internacional, derechos estos que tienen precedencia sobre todos los demás. Hacer prevalecer los derechos de los acreedores es ilegítimo no solo del punto de vista
moral como del punto de vista jurídico.
La deuda pública portuguesa tendrá siempre que ser reestructurada y debe serlo por iniciativa del Estado portugués, prolongando sus plazos y reduciendo intereses y cuotas. Mientras más tarde esto sea reconocido, peores serán las condiciones de negociación. Hoy ya será más difícil renegociar con el FMI y la UE que ayer lo habría sido con los
múltiples acreedores privados y la auditoria puede llevar a la conclusión de que hay partes de la deuda ilegítimas, que deben ser repudiadas.
Es por estar conscientes de la urgencia de un enfoque diferente al problema de la deuda pública portuguesa, que los subscriptores se constituyen en promotores de una Convención que tendrá lugar en Lisboa a 17 de diciembre de 2011 para instituir un proceso de Auditoría Ciudadana a la Deuda Pública.
Apelamos a que todos se movilicen en la preparación de esta Convención y participen en los trabajos de ese día y de los que se seguirán.
La Convención tiene como objetivos:
- Presentar a los ciudadanos nuevos instrumentos de fiscalización e intervención en la vida pública que refuercen la democracia;
- Mostrar de forma transparente a los ciudadanos el proceso de endeudamiento del Estado portugués y la situación actual de la deuda pública en sus diversas componentes;
- Debatir las implicaciones e identificar alternativas para la resolución del problema de la deuda pública;
- Formalizar el lanzamiento de la Iniciativa para una Auditoria Ciudadana a la Deuda Pública.
Incumbe a la Convención:
- Establecer los principios fundamentales que deben conformar el proceso de auditoría;
- Deliberar acerca de las formas de organización del proceso de auditoría que articulen una participación ciudadana activa con la contribución especializada de expertos;
- Constituir, aprobar la composición e incumbir la comisión que promoverá la Auditoría Ciudadana a la Deuda Pública;
- Analizar las experiencias de auditoría ciudadana realizadas en otros países;
- Procurar formas de articulación con otras iniciativas de auditoría ciudadana, nominadamente las de Grecia y de Irlanda y con los movimientos que se están organizando en la Alianza Europea de Iniciativas para Auditoría Ciudadana;
- Procurar el apoyo técnico junto de las organizaciones que a escala internacional han venido acumulando conocimiento en el dominio de las auditorías;
- Encontrar formas de financiamiento del proceso de auditoria ciudadana.
Tradução de Alcides Santos
